Receso estival.

Columna Norte ingresa hoy en su receso estival, y por ello, no contará con nuevas entradas hasta febrero de 2014.
Con afecto Nacional y Popular,

Ikal Samoa

Sobre el nuevo acuerdo de precios.

Se conoce desde hace unos días que a partir del 03 de enero, entrará en vigencia un nuevo acuerdo de precios que incluirá 200 productos de primera necesidad a ser develados en esa misma fecha.

Firmado la semana pasada entre el Gobierno Nacional y las principales cadenas de supermercados, y refrendado también en las últimas horas por los supermercados chinos, el acuerdo pretende extenderse hasta diciembre de 2014.

La intención del Gobierno Nacional en efecto, es que se cumpla a rajatabla a fin de combatir la inflación generada por toda la cadena de valor, y para ello, no sólo viene trabajando con los precios de los productos que fijan los supermercados y están en las góndolas, sino también, con la cadena de distribución y las empresas que los desarrollan que vale recordar, suelen ostentar monopolios u oligopolios en la producción de bienes de consumo.

De esta manera, el trabajo de gestión apunta al sostenimiento de los precios para muchos productos e inclusive, a la disminución en algunos que han sido aumentados deliberada e injustificadamente por empresarios y supermercadistas.

Es justamente clave, para que el acuerdo se cumpla, el hecho de apuntar al problema de forma amplia y trabajar con cada eslabón de la cadena de valor. 

Sin embargo, el problema de fondo seguirá persistiendo en la medida en que continúe la denominada cartelización de la economía – en cada rama de la producción nos encontramos con una o dos marcas que concentran más del 90% del mercado lo cual les permite fijar precios a gusto-, y por ello, el desafío a futuro es poder generar políticas que apunten a la desconcentración y el surgimiento de más competidores por rama económica, ya sean producidas desde el sector privado o desde el Estado.

A 12 años del 20 de diciembre de 2001.

Se cumplen 12 años del día en que el país voló por los aires, producto de un modelo económico; social; y cultural, excluyente y hambreador: El modelo neoliberal, impuesto en 1976 por medio del terrorismo de Estado y consolidado en las dos décadas siguientes, llevó a la mitad de la población a la pobreza y a un tercio a la indigencia, y destruyó la industria nacional y el mercado interno, al tiempo que producía la mayor transferencia de recursos de la que se tenga memoria, desde la sociedad al Poder Económico nacional e internacional.

El colapso económico que dio cuenta del fin de la sostenida ficción del uno a uno, derivó en aquellas jornadas del 19 y el 20 donde el país vivió horas de saqueos; protestas; y una brutal represión que nos dejó 33 muertos.

Pero este colapso, no sólo puso en evidencia la inviabilidad del país en lo económico y las consecuencias más dolorosas de ello, palpables en la destrucción del tejido social, sino también lo que el neoliberalismo nos estaba legando en términos de problemáticas estructurales.

Problemáticas que aún ahora, tras 12 años y con 10 de un modelo económico de crecimiento con inclusión y desarrollo, siguen haciendo a las dificultades del país.

Pese a ello, y habiendo logrado superar la etapa que bien describió Néstor Kirchner como “la salida del infierno”, Argentina es hoy un país con una economía pujante que aún con dificultades, tiene un crecimiento sostenido en el trabajo; la producción; el salario; y el mercado interno.

Es todo esto, lo que nos sitúa en una etapa cualitativamente diferente, en la cual se observa una recomposición del tejido social impensada cuando el país estaba cerca de la desintegración.

Y es todo esto, lo que hoy nos invita a reflexionar sobre aquellos días de hambre y muerte, y a recordar que el estallido social y el colapso político- económico, fueron el producto de un modelo económico sostenido desde lo institucional, pero diagramado por el Poder Económico, y sus consecuencias, todavía las seguimos pagando como sociedad.

El pliego de Milani.

39 votos a favor y 30 en contra, fueron los números con los que el Senado aprobó el pliego del ascenso a teniente general del jefe del Ejército, Cesar Milani.

Una votación más ajustada de lo habitual en un tema que ha generado controversia, incluso hacia dentro del kirchnerismo, por las denuncias que realizan algunos organismos de DDHH y el CELS, sobre la supuesta participación de Milani en el terrorismo de Estado, pero también por las declaraciones que este ha tenido respecto de su compromiso con el Proyecto Nacional.

Al margen de su no reconocimiento público en la participación de ningún operativo durante la última dictadura cívico- militar, es tan cierto que las denuncias existen como que no existe imputación alguna en ninguna de las causas que continúan avanzando en pos de la memoria, la verdad y la justicia.

Es precisamente esto último, el argumento mas potente que han utilizado los senadores que han aprobado el pliego ayer, pero no es el único, pues también han hecho foco en la campaña opositora hipócrita en contra de Milani, no por su supuesto pasado, sino por su compromiso público con este proyecto político.

Haciendo a un lado la hipocresía de toda la oposición, es claro que desde la legalidad, que tiene como uno de sus pilares la presunción de inocencia, no hay motivos para oponerse al ascenso de Milani, máxime si se conoce, no está imputado en ninguna causa.

Sin embargo, como las definiciones políticas exceden ampliamente la dimensión de la normativa legal, también puede argumentarse, por el peso y legitimidad de quienes realizan el planteo, que resulta un error haber avanzado con el este ascenso. 

La definición de la Presidenta, Cristina Fernández, fue avanzar, y tuvo el respaldo legislativo necesario frente a un tema complejo, dato político no menor, en lo que es ya, el tramo final de su segundo mandato.

Sobre los cortes de luz.

Los cortes de luz en parte de la CABA y algunos lugares del conurbano bonaerense, han puesto de manifiesto algo que se preveía, pero para lo cual no hubo reacción: El sistema eléctrico del AMBA no soporta periodos prolongados con temperaturas superiores a los 32°.

Si bien el fenómeno no es exclusivo del Área Metropolitana porque vienen registrándose apagones en otras ciudades medianas del país, e inclusive tampoco es propio de nuestro país – en lo que va del año Brasil tuvo tres apagones totales y Estados Unidos uno, que duro 17 horas-, es la visualización que da el hecho ocurrido en estos días aquí, lo que lleva a reflexionar sobre sus causas.

Dejando de lado la polémica comunicacional sobre la falacia de la “crisis energética”, aprovechada por quienes siempre están esperando que las diez plagas de Egipto caigan en Argentina, lo cierto es que los cortes han coincidido con dos récords históricos de consumo eléctrico – el del lunes lo fue hasta que ayer se superó-, y que ello inevitablemente tiene sus razones en el crecimiento de la producción que hace a que más empresas se hayan desarrollado en los últimos diez años, y a que el consumo de hogares haya aumentado.

En ambos casos, aún cuando no es comparable el consumo de empresas y hogares, la resultante es igual, hacen a un récord histórico que a su vez, derriba el mito de la supuesta limitación energética del país.

Dicho esto, el problema no radica entonces en la generación de energía, potestad que viene ejerciendo con tino el Estado Nacional – Las puestas en funcionamiento de Yacyretá y Atucha II son muestra de ello-, ni tampoco en la conectividad – el kirchnerismo nos legará la conformación en la práctica del sistema eléctrico nacional con una red que llega a todo el país-, sino en la distribución.

Los cortes, en la CABA y el GBA pero también en algunas zonas del interior, son producto de problemas de distribución porque la red existente no soporta el consumo requerido ante las altas temperaturas.

En criollo, el cableado y los transformadores no soportan la carga y colapsan porque su capacidad de conducción de energía es limitada.

Las causas son conocidas, las empresas privadas encargadas de garantizar la distribución de la electricidad desde la reforma del Estado, nunca invirtieron un peso en modernizar la red.

A pesar de ganar fortunas con la convertibilidad en los ´90, y aún cuando continúan obteniendo ganancias porque debe aclararse que el subsidio del Estado Nacional en el AMBA es al consumo – entiéndase el Estado le paga a cada consumidor parte de su factura-, no han realizado las inversiones necesarias para que la red eléctrica soporte el volumen de energía requerido en días como el de ayer.

Si a ello le agregamos el abuso de energía que realizan sectores medios y altos de la sociedad que en parte tiene relación con su bajo costo del servicio de los subsidios, es inevitable que empiecen a colapsar distintos sectores de la red. 

Dicho esto, el Gobierno Nacional debe tomar nota y accionar, en pos que las empresas den respuesta haciendo la renovación necesaria en lo que a distribución refiere, y también, para que asuman los costos legales por faltas que bien pueden cuadrar dentro de la figura de incumplimiento de contrato.

Fogoneros del diciembre argentino.

Tras la extorsión y sedición de las policías provinciales en gran parte del país, que nos dejo 10 muertos y miles de negocios devastados, ciertos grupos continúan operando a fin de generar miedo y caos en la sociedad.

Es el caso de los Moyano, que vienen amenazando con un paro nacional de camioneros para el 20 de diciembre con la excusa del bono de fin de año – sí, el gremio cuyos trabajadores cobran en promedio 20 mil pesos advierte sobre una medida de fuerza justo en esa fecha tan significativa-, pero también es el de la CTA del tándem Micheli- De Genaro y de los partidos de izquierda con sus múltiples sellos lavados.

Los unos y los otros, sueñan con un cierre de 2013 trágico para el país; apuestan a generar un escenario de crisis que incluya batallas campales y represión.

En este sentido, sus jefes vienen comunicando profecías apocalípticas al tiempo que organizan movimientos desestabilizadores que permitan al menos, sostener la convulsión que generaron las extorsiones y saqueos propiciados por las policías la semana pasada.

Pero a diferencia de otros momentos históricos, Argentina no está sumida en una crisis social y económica que pueda servirles de trampolín.

A pesar de todo lo existente en el debe y considerando la difícil situación económica mundial que a diario muestra su costado más dramático en la continuidad de la decadencia europea, nuestro país tiene hoy una economía pujante con trabajo; inversión; producción; y desarrollo del mercado interno.

Las cuentas nacionales están lejos de situaciones catastróficas y se ha reestructurado la deuda externa, al tiempo que se sigue avanzando, con políticas concretas, en el camino del saldo de la deuda interna.

He aquí entonces, un gran obstáculo de quienes pretenden un cierre de año con un país sumido en una crisis político- económica, al cual se suma otro cualitativamente superior: El deseo de la enorme mayoría de la sociedad de atravesar estas semanas en paz. 

De todas formas, más allá de esto último, es conveniente prestar atención, con mesura, al desarrollo de los acontecimientos, y poner en evidencia quienes están apostando a la desestabilización.

Ganó Bachelet.

Con el 99 % de las meas escrutadas, Michelle Bachelet ganó la segunda vuelta de la elección presidencial en Chile, y estará al mando del Ejecutivo del país trasandino desde marzo próximo.

62,15 % de los votos, obtuvo la candidata del Pacto Nueva Mayoría, mientras que su contrincante, la pinochetista Evelyn Matthei, tan sólo alcanzó el 37,84 % de los sufragios.

De esta manera y como era previsible, Bachelet vuelve a ser electa presidenta del hermano país, en una elección en la que una vez más, el dato saliente ha sido la bajísima participación ciudadana: Sólo voto el 42 % del padrón.

Aún cuando desde estos comicios, la participación es optativa en Chile, los números dejan en claro que la legitimidad con la que asume el nuevo gobierno es endeble, pese al porcentaje de sufragios logrado.

No resulta difícil interpretar que el desanimo social hace a la ilegitimidad creciente en el sistema institucional chileno, y que ello tiene sus raíces en un modelo de país que estructuralmente no ha cambiado en los últimos 30 años.

Entonces, se le impone a Bachelet y sus aliados, el poder interpretar las demandas sociales y canalizarlas, aunque no le será sencillo, dado que no contará con la mayoría absoluta en el parlamento.

En este aspecto, radica ya el primer gran desafío para el Pacto Nueva Mayoría, que basó su campaña en el reconocimiento de necesarias reformas estructurales entre la que se destaca una reforma constitucional. 

A partir del 11 de marzo, se observará en que medida, el nuevo oficialismo, logra llevar adelante estas propuestas de campaña.

Electrificación del Roca y Metrobus en La Matanza.

El Ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, confirmó hoy en declaraciones radiales, que en el día de la fecha se estará firmando un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la electrificación total del FFCC Roca.

Desde Washington, Randazzo explicó que el acuerdo es por un crédito de 500 millones de dólares a destinar a las obras requeridas para concluir la electrificación de la línea Roca, y para mejorar “estaciones, los paso bajo nivel y señalamiento”, y recordó que este reacondicionamiento, “es un viejo proyecto que tiene más de 30 años de prometido y nunca se concretó”.

A su vez, el Ministro destacó que se están aguardando provenientes de China, las formaciones que complementan una renovación total de la línea.

“Para el Roca hemos adquirido 300 coches nuevos, de los cuales 200 van a ser destinados para los tramos que están ya electrificados”, expuso, y agregó que “estos coches están ingresando en septiembre del próximo año y se van a terminar de integrar en marzo de 2015”.

Este acuerdo, se suma al que se conoció ayer con el Banco Mundial, por un crédito de 90 millones de dólares, que se destinará a la construcción del Metrobus más grande del país en el Municipio de La Matanza.

Sobre el mismo, Randazzo indicó que “se trata de una obra que tiene un recorrido de 26 kilómetros, que irá desde el límite con la Capital Federal hasta la localidad de Marcos Paz, atravesando de manera troncal el partido de La Matanza” y que “se invertirán 90 millones de dólares que serán destinados a la construcción de carriles exclusivos y obras de infraestructura vial; nuevas paradas con refugios; semaforización inteligente; adquisición de colectivos de gran capacidad; y construcción de pasos bajo nivel”

“Para que dimensionemos la cantidad de gente a la que beneficiará esta obra, recordemos que durante 2013 los colectivos que circulan por la avenida transportaron más de 125 millones de pasajeros”, añadió y señaló que “este es un pedido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien nos instruyó para trabajar con la prioridad puesta en mejorar la calidad de vida de los pasajeros que diariamente circulan en el área metropolitana de Buenos Aires”.

Es evidentemente fructífera, la estadía de Randazzo en Washington, porque ha logrado el financiamiento para dos obras de infraestructura que se van a traducir en un cambio sustancial en el transporte interurbano. 

Un cambio en beneficio de millones de personas, que deja en claro la decisión política traducida en hechos concretos a fin de poner en valor el sistema de transporte.

Saldo de las extorsiones y sediciones policiales.

El reciente ofrecimiento salarial del gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, estaría dando fin al último episodio extorsivo de una policía provincial, en lo que significa, sin medias tintas, una dolorosa derrota del poder político en gran parte del país.

Esto es, sin dudas, el primer saldo a mencionar sobre los episodios acontecidos en los que los miembros de las fuerzas de seguridad, ejecutaron un plan sedicioso casi a la perfección, logrando el clima desestabilizador y las remuneraciones pretendidas.

Sobre el tapete quedaron expuestos: La connivencia y participación policial en robos y saqueos; su degradación estructural; y su capacidad de extorsión multiplicada, y junto a ello, la ausencia de un Poder Judicial que nunca está cuando las papas queman; la evidencia de las desigualdades en sociedades quebradas a nivel cultural; y la incapacidad de un poder político que no supo prever lo que venía y tampoco pudo dar una respuesta desde la autoridad.

El triunfo de la extorsión policial implica entonces, una claudicación en quienes abrieron la puerta a la negociación, y una debilidad en quienes se vieron obligados a hacer concesiones.

En cualquiera de los dos casos, ello se traduce en una pérdida del poder público y una degradación de la percepción del Estado, algo que siempre buscan los que viven fogoneando operaciones desestabilizadoras.

Y en cualquiera de los dos casos, urge avanzar en pos de recomponer el poder político y el rol del Estado, necesariamente con reformas integrales en las fuerzas de seguridad a fin de desarticular sus redes ilegales y sus niveles de autogobierno.

Allí está la clave de la recomposición, y la garantía del transitar un arduo camino hacia el saneamiento. 

Se impone que a nivel provincial, se tenga la misma voluntad política que a nivel nacional, para avanzar en este proceso.

El entramado tras la extorsión policial.

Con la mayoría de las extorsiones de policías provinciales en baja y las resoluciones en alza, se empiezan a conocer mayores precisiones sobre el vínculo directo entre la maniobra sediciosa y los saqueos.

Zonas liberadas; instigación; e inclusive, participación directa de efectivos, son algunos de los datos que dan cuenta sobre lo que bien expuso la Presidenta, Cristina Fernández, ayer en su discurso al encabezar el acto por los 30 años de democracia: “No creo en las casualidades ni tampoco en que los hechos se producen por contagio. Algunas cosas que pasan en determinadas fechas y con determinados protagonistas son por planificación y ejecución con precisión quirúrgica”.

Al margen de quienes pudieran haberse sumado a los saqueos, las informaciones sobre el entramado que hizo a la situación caótica en gran parte del país, dan certezas de un modus operandi reiterado - algunos fiscales, por orden de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, lo están investigando, en ruptura con la inacción judicial- que evidencia una planificación, y vuelve a poner sobre el tapete que en la práctica cotidiana, las policías actúan como gestionadoras y reguladores del delito, y no como fuerzas garantes de la seguridad.

La conexión entre miembros de estas fuerzas y bandas que se dedican a delinquir, hace a una suerte de regulación por rama del delito, que se maneja acorde al humor social, algo que implica connivencia y cierta protección a cambio de dividendos.

Desde luego, esto no es algo nuevo, pero en todo caso sí debe considerarse a la hora de encarar el debate sobre las formas en que los policías pueden reclamar por las condiciones laborales.

Otro aspecto no menor a poner en la balanza que guarda relación directa con la policía como gestionadora, es la conformación de su estructura en cuanto al reparto de roles y dividendos; algo en lo que el peso de la subordinación piramidal es obviamente determinante.

Entonces, pensar en la discución sobre lo que comúnmente se denomina sindicalización, implica pensar en todos estos aspectos que hacen al autogobierno policial, y que terminan transformando a una fuerza de seguridad en una mafia enquistada en el Estado, sea nacional o provincial.

Por ello, resulta urgente no plantear una discusión reducida, y antes, repensar una necesaria reestructuración policial que rompa con el autogobierno y su devenir mafioso.

Saqueos: Una aproximación a las causas.

Nueve muertos, arroja ya la ola de saqueos producto directo del acuartelamiento extorsivo de las policías provinciales, que aún no esta resuelto en su totalidad, y cuenta casos como el de Tucumán en el que parece lejana esta posibilidad.

Nueve muertos; más de un centenar de heridos; y numerosos comercios vaciados, con lo que ello implica en términos laborales, por obra y gracia de la multiplicación del accionar sedicioso que a su vez encuentra vínculos innegables con los saqueos.

Vínculos que ya tienen a varios fiscales intentando desentramarlos, en el único aporte que parece pretender hacer el Poder Judicial en todos sus estamentos – entiéndase: No se observa a ninguno de sus miembros abriendo causas de oficio por la extorsión de los acuartelados-, pero que indudablemente no resulta suficiente si se pretende comprender el porque social de los acontecimientos.

Más allá de la punta de lanza con connivencia policial, estas jornadas están dejando la participación de otros sectores en el vandalismo, y están poniendo en crisis ciertos preceptos de la sociedad liberal.

Es que la complejidad radica en ver que a la punta de lanza se suman personas de varios sectores sociales.

Personas que son parte, aunque en muchos casos de manera informal, del mundo del trabajo, y que han definido salir a saquear.

Es claro que no hay una sola razón a través de la cual entender las causas, y que al margen de la época del año con su propia carga – Lo que podemos denominar como “el diciembre argentino”-, nos encontramos con los frutos del consumismo en sociedades con desigualdades como parte del menú.

Sí se piensa en como se ha construido el entramado social bajo el bombardeo constante del consumismo en los últimos 30 años, y fundamentalmente desde 1990.

Sí se piensa en como ha cobrado un valor trascendente el poseer bienes.

Sí se piensa que es en la época de las fiestas, donde se hacen más visibles las diferencias entre quienes pueden acceder a bienes de consumo y quienes no.

Quizás se entienda un poco los porque del fenómeno, a los cuales, habrá que agregar la penetración del pensamiento individualista que es parte del quiebre cultural que nuestro país ostenta, y del cual no ha podido escapar, aún con diez años sin neoliberalismo económico.

Ese quiebre cultural, el del “sálvese quien pueda”, también toma parte, en este caso, desde el “tomo ventaja cuando puedo”. 

Indudablemente, habrá que profundizar a fin de caracterizar con justeza que sociedades tenemos y cuales pretendemos, pues esto, sólo es una aproximación.

Efecto contagio.

Catamarca; La Rioja; San Juan; Santa Fe; Salta; Chaco; Neuquén; Río Negro; Chubut; Entre Ríos; Buenos Aires; y ahora Corrientes, son las provincias en las cuales, el temido efecto contagio del conflicto policial en Córdoba, es un hecho.

Algunas ya han logrado una resolución del conflicto – en algunas inclusive el reclamo no se tradujo en acciones de manifiesta ilegalidad- con aumentos salariales, como San Juan; Río Negro; y Neuquén, pero en las restantes, la tensión va en aumento al paso que los efectivos policiales locales amplían sus maniobras sediciosas con acuartelamientos; intentos de tomas de jefaturas; e inclusive con el gravísimo intento de copar la gobernación que se registro en Catamarca el fin de semana.

Frente a esta situación, todos los gobiernos provinciales afectados vienen trabajando en conjunto con el Ejecutivo Nacional quién ya ha enviado a la gendarmería a fin de mantener la paz social y evitar mayores incidentes – El intento de copamiento de la gobernación desemboco en un enfrentamiento entre policías y gendarmes en Catamarca en lo que fue el hecho más significativo, al cual debemos agregar saqueos en Resistencia, Chaco, y en Concordia, Entre Ríos-.

Dejando de lado el reclamo, el cual habría que analizar caso por caso para discernir sobre su justeza, es evidente la conexión entre las maniobras policiales y los hechos desestabilizadores que se vienen replicando, esto al margen del entramado social que influye en la potenciación del vandalismo y los saqueos.

El modus operandi doblemente extorsivo – con aprietes de los efectivos a conciencia de ser quienes poseen las armas y con su influencia en el desarrollo de disturbios que afecten la paz social-, inaugurado el martes pasado en Córdoba, se viene registrando en varias localidades.

Dicho esto, también cabe destacar que los ejecutivos provinciales no están abordando la situación a fin de llegar a una salida defeccionadora como lo hiciera el cordobesismo, y por el contrario se observan claras demostraciones de autoridad política.

En estas muestras de autoridad política y en la apelación a la responsabilidad de los efectivos policiales y de toda la sociedad, están las claves para la resolución del conflicto inmediato que por otra parte, no escapa a una problemática profunda que debe abordarse: La de los necesarios los canales y formas en que las fuerzas de seguridad puedan reclamar sobre cuestiones de índole laboral.

Para concluir, creo que la gravedad de la situación amerita dejar de lado cualquier festejo por los 30 años de una democracia que aún tiene demasiado en el Debe.

Nelson Mandela

27 años estuvo encarcelado en una celda de dos por dos por su militancia, por su lucha para lograr una única nación sudafricana soberana; independiente; e igualitaria en todos los sentidos.

27 años recibió las mayores humillaciones por su lucha contra el Apartheid, y no sólo las resistió, también las canalizó en mas fuerza; esperanza; amor; y compromiso.

Con su liberación y su llegada a la presidencia, supo ser la voz de los oprimidos y la referencia en la construcción de una nueva sociedad.

Supo ser conductor y ejemplo desde el llano, e interpretar las demandas de las mayorías.

Siempre transmitió que a las peores injusticias se las combate desde la entereza y la dignidad, y siempre hizo política a partir de sentir la humanidad del otro.

Fue un luchador y un estadista.

Fue un líder al cual siempre vamos a extrañar porque nos ha enseñado a ser mejores personas; porque nos ha demostrado que la humanidad tiene que superarse y esta en nosotros llevar adelante esa transformación. 

Sí el primer Hombre nació en África, el primer Hombre Nuevo también, y ayer, pasó a la inmortalidad.

Sedición y defección cordobesista.

2 muertos; más de 100 heridos; más de 1000 comercios saqueados; y miles de personas que han perdido su trabajo, es el saldo del acuartelamiento sedicioso y extorsivo de la policía cordobesa, premiado a toda orquesta por el gobernador, José Manuel De la Sota.

Los acuartelados lograron su cometido en cuanto a lo que reclamo salarial refiere, con una medida ilegal, por su condición de servidores públicos en materia de seguridad, pero también por la connivencia con bandas de saqueadores – cabe destacar no actuaron estas únicamente, pues se ha observado a los propios comerciantes declarar que vecinos que a diario les compran participaban de los ilícitos-, que empieza a salir a la luz.

El gobernador, en una decisión que sienta un precedente político nefasto, no sólo publicitó el acuerdo que lleva el sueldo básico de los policías de 2500 a 8000 pesos, sino que también garantizó la impunidad de la sedición expresando que no habrá sanciones para quienes transformaron a la provincia en el Far West por 48 horas.

Una autentica irresponsabilidad, por el efecto que podría acarrear el sólo hecho de comunicar con bombos y platillos la resolución del conflicto, y a la vez, por la incógnita que representa de donde va a sacar los fondos para hacer frente a ese acuerdo con una provincia que las gestiones cordobesistas han endeudado de manera catastrófica.

Dejando de lado los papelones de De la Sota y sus funcionarios quienes intentaron poner en el foco del conflicto al Gobierno Nacional con burdas mentiras, y el disparate que representa la decisión propia del gobernador de viajar al exterior a sabiendas del inminente incendio en un mes como diciembre – con las cosas que suelen pasar en este mes-, lo cierto es que las definiciones políticas representan una enorme muestra de debilidad que es consecuencia también, del terreno ganado por la policía cordobesa en materia de autogobierno.

Una enorme muestra de debilidad porque define ceder sin reparos ante los sediciosos, y porque no asume la responsabilidad de comandar una fuerza de seguridad cuyo historial cuenta con el reciente destape en cuanto a sus estrechos vínculos con el narcotráfico.

Sin dejar de mencionar que este conflicto vuelve a poner de manifiesto la necesidad de debatir como se canalizan los reclamos laborales por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad y si la solución esta en la sindicalización, serán importante las actuaciones políticas preventivas para evitar el efecto contagio. 

Por último, no quiero dejar de recordar la imagen de ayer al mediodía, cuando Córdoba lloraba muertos y heridos, y tenía a miles de comerciantes arruinados, paralelamente se observaban los festejos de los policías acuartelados tras la defección del Ejecutivo provincial.

Cordobesismo, policía y saqueos.

Córdoba vive desde ayer, la etapa más crítica de un conflicto que viene de hace tiempo.

El acuartelamiento de la policía provincial, es el corolario de una gestión política – la cordobesista- a medida del autogobierno de una fuerza ligada, por no decir participe, del narcotráfico en la provincia mediterránea.

A ello, deben sumarse los reclamos gremiales, entre los que se destaca el salarial, que tendrían ahora un acuerdo, tras el ofrecimiento de un básico de $8.000 por parte del gobernador José Manuel de la Sota.

Ahora bien, hubiérase podido evitar la medida tomada por la policía si se atendía el reclamo que viene de hace tiempo, y también, si la definición en materia de gestión, no fuera la de acentuar este autogobierno que legitima internamente de manera alarmante, la potestad de la propia fuerza para actuar.

Porque aún conviniendo sobre la legitimidad del reclamo, es claro que una medida como esta no puede prosperar si de una fuerza de seguridad hablamos, por ser esta ejecutora del monopolio de la fuerza por parte de un Estado, en este caso, provincial.

Desde luego, queda pendiente un profundo debate sobre la sindicalización de los miembros de las fuerzas de seguridad, pero hasta tanto no este zanjado, resulta de gravedad institucional cualquier movimiento del tipo del que realiza la policía cordobesa.

Dicho esto, cabe destacar que la consecuencia lógica del acuartelamiento en una sociedad con desigualdades es la que se viene observando desde ayer, con robos y saqueos, aunque a priori y más si consideramos la época del año en la que estamos y su historial, no se puede descartar que los hechos producidos, fundamentalmente algunas zonas de Córdoba Capital y alrededores, no tengan un entramado más complejo detrás.

Párrafo aparte merece el lamentable accionar del gobernador cordobés, quien arribó a su provincia en la madrugada de hoy procedente de Panamá, y no inocentemente salió con declaraciones para la tribuna de Twitter. 

En los hechos, recién a las 8 de la mañana solicitó ayuda formal al Gobierno Nacional, que de inmediato puso en marcha el envío de 2.000 gendarmes para colaborar en la contención de la situación social.

Cambio en Seguridad

Se conoció ayer, la renuncia de Arturo Puricelli, y la designación a efectivizarse mañana, de María Cecilia Rodríguez como Ministra de Seguridad.

Un cambio en la cartera que sin dudas, trasciende los nombres por la diferencia de perfiles entre el ex funcionario y Rodríguez, quien es reconocida por su militancia y su notable dedicación laboral.

Rodríguez tiene en su haber la experiencia en la Subsecretaría de Participación Ciudadana del ministerio y otras participaciones en Desarrollo Social, aunque probablemente, su más destacada actividad haya sido la desarrollada con los Cascos Blancos de la Cancillería en Haití, donde cumplió funciones humanitarias que le valieron una condecoración y su pase por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, lugar a partir del cual tomo parte en diversas misiones nacionales e internacionales por su manejo en catástrofes y emergencias.

Su perfil, desde el vamos, esta marcando un cambio respecto de lo que era un Ministro más inmiscuido en la gestión desde el escritorio, pues Rodríguez acostumbra a trabajar desde el llano y con los pies en el barro, algo que hasta ahora solo se veía en la figura del Secretario de Seguridad, Sergio Berni. 

Es de esperar entonces, cambios en la gestión vinculados a la presencia en las calles, y habrá que ver como es el trabajo conjunto entre la flamante titular de la cartera y Berni, sin perder de vista que ya han trabajado juntos y mantienen una buena relación.